Viendo tantos desastres y las enormes necesidades de las comunidades urbanas y rurales que claman por una ayuda efectiva, y ante la respuesta que se da por las entidades públicas,

Decimos:

El informe oficial del Primer Ministro al día 15 de marzo dice que, por efecto de lluvias e inundaciones, 716 distritos del país están afectados, 12,000 familias damnificadas que equivale a 60,000 personas. 20 de las 24 regiones han sido declaradas en emergencia.

Las principales daños y pérdidas se han producido en las ciudades y centros poblados urbanos, donde las viviendas se han destruido o son inhabitables actualmente, los sistemas de abastecimiento de agua han colapsado y los desagües están inoperativos. La población ha perdido sus enseres,

alimentos y todos los medios que tiene en el hogar. Los pueblos están incomunicados por el corte y bloqueo de vías y puentes.

Esto ha generado una situación de crisis humanitaria de proporciones, la cual se puede agravar cada día, porque las lluvias continuarán incrementando el número de damnificados.

¿Cómo se está atendiendo la emergencia?

A nuestro juicio, la atención a las familias damnificadas deja brechas importantes, lo cual refleja que las instituciones de respuesta no están a la altura de las circunstancias.

Los gobiernos locales y regionales muestran debilidades, insuficiente capacidad para la respuesta a desastres. Pero por su parte, las instituciones nacionales que están interviniendo, también reflejan poco

conocimiento y experiencia en el manejo de emergencias.

Este año el gobierno otorgó al Ministerio de Defensa, el liderazgo y la conducción de la atención de la emergencia por lluvias, con el DS. 021-2017-PCM. Notamos que ha habido una sobreposición y desplazamiento del personal especializado del INDECI y del que existen en las regiones, no se está facilitando que las autoridades locales y regionales ejerzan el rol de decisores que la ley les confiere y que funcionen los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y las Plataformas de Defensa Civil.

La presencia de personal militar en las regiones debe ser para dar el apoyo en la primera respuesta, es decir en proveer protección de las poblaciones, acciones de rescate, salvamento y el apoyo logístico que requieren los gobiernos locales y regionales, pero no para tomar las decisiones.

La ayuda humanitaria tiene que ser manejada por las autoridades locales y su personal técnico o voluntario, asumiendo la responsabilidad y sometiéndose a la fiscalización y control de los organismos que tiene el país.

La PCM, que aún no ha perdido el rol de ente rector del SINAGERD, tiene que estar a la cabeza, no tiene que ser reemplazado por el MINDEF y al igual que otros niveles de gobierno, también es pasible de control y fiscalización.

Aún se puede corregir, dejemos que participen quienes han sido formados para atender emergencias, y quienes tienen responsabilidad legal, apoyemos a que los gobiernos locales y regionales asuman su rol y se comprometan más con el tema y que esta experiencia les permita fortalecer sus líneas.

Es necesario el apoyo del Poder Ejecutivo, pero a través de los gobiernos regionales y con la asignación de recursos de forma descentralizada.

Lima, 16 de marzo del 2017