El Centro de Estudios y Prevención de Desastres – Predes resalta la importancia de las acciones humanitarias a la población damnificada de Amazonas por parte del Estado y otras instituciones, pero a su vez hay que abordan las causas del riesgo del desastre.

El presidente del Consejo Directivo de Predes, Gilberto Romero Zeballos, señala que deben fortalecerse las capacidades de las familias y comunidades para reducir las vulnerabilidades y riesgos, porque los terremotos son eventos que van a volver a ocurrir.

“Debe sensibilizarse y educar para seguir construyendo la cultura de prevención para que la población aprecie más su seguridad y no construya vulnerabilidades. Es necesario, además, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales para gobernar el territorio, evitando la ocupación y uso irracional que genera riesgos para la población”, precisó Romero Zeballos.

Asimismo, resaltó que gran parte de desastres ocurre en terrenos no aptos para vivienda y éstas no tuvieron la resistencia para soportar las fuerzas de la naturaleza. “Es necesario que el gobierno invierta para reducir progresivamente la vulnerabilidad de viviendas precarias y dar el apoyo técnico a quienes recién están iniciando la construcción de viviendas”, añadió.

Para afrontar sismos y otros eventos, las familias y comunidades deben con  un Plan de Emergencia. De esta manera, cada familia identificará en su casa las partes más vulnerables y  un lugar seguro donde refugiarse, organizar a sus integrantes, implementar su mochila para  emergencias y botiquín de primeros auxilios.  Del mismo modo, los vecinos y autoridades deben coordinar planes vecinales para afrontar emergencias.

Por su parte, José Sato Onuma, miembro del Consejo Directivo de Predes, recomendó realizar una adecuada evaluación de daños para precisar las necesidades que genera la emergencia y que requieren ser atendidas. Además, evaluar  el riesgo en la zona para orientar correctamente las acciones de reconstrucción.

Añadió que “esta es la oportunidad para fortalecer la capacidad local e impulsar una gestión del riesgo participativa desde una perspectiva más prospectiva y correctiva en todo el país”.